El patrimonio de las administraciones públicas es un instrumento básico para la adecuada gestión económico-financiera de las mismas. La gestión, explotación o uso de dicho patrimonio tanto por la propia administración como por los operadores privados puede generar interesantes ahorros, así como ingresos -en estos momentos tan necesarios en la administración-. Este curso pretende ofrecer una visión global del régimen jurídico aplicable al patrimonio de las administraciones públicas para, a través de la mismo, conseguir una gestión más eficiente de los bienes y derechos de los que es titular la propia administración acorde con sus necesidades. El objeto consiste en que el alumno pueda establecer la prelación del régimen jurídico aplicable al patrimonio de las administraciones públicas, con especial referencia a las entidades locales valencianas, tras la relevante Sentencia del Tribunal Constitucional número 162/2009, de 29 julio. Es un requisito, además de general, trascendental. Téngase en cuenta que en función del régimen jurídico aplicable el resultado de la gestión varía de forma considerable.
Así por ejemplo, si se pretender enajenar un inmueble no afecto a un uso ni servicio público, deberá seguirse el procedimiento administrativo concreto y ajustado a derecho, en caso contrario, podría anularse por el órgano jurisdiccional competente dicha venta con graves consecuencias jurídico-económicas para la administración. Aprender a desarrollar los diferentes procedimientos administrativos para la adecuada gestión económico-administrativa es un requisito crucial para el éxito de la operación. Por tanto, la meta final es identificar, de acuerdo con el régimen jurídico aplicable, cuál o cuáles procedimientos administrativos deben emplearse con la finalidad de otorgar la necesaria garantía jurídica a la utilización o gestión de los bienes de las administraciones públicas y en especial de las entidades locales valencianas. Una vez analizado el régimen jurídico aplicable al patrimonio de las administraciones públicas, el alumno estará preparado para abordar las siguientes materias. En primer lugar se definirán los diferentes bienes que pueden ser titulares las administraciones públicas con carácter general, y con carácter particular, las entidades locales, para posteriormente clasificarlos. La clasificación de los bienes de los patrimonios públicos es determinante, pues hay que tener en cuenta que en función del tipo o clase del bien, el régimen jurídico aplicable diverge notoriamente, lo que hace imprescindible una correcta y adecuada identificación del bien o derecho para poder gestionarlo adecuadamente, tanto desde el aspecto jurídico como económico. Una vez clasificados los bienes, el siguiente reto lo constituye la concreción del uso o explotación que a ese bien se le puede dar, esto es la gestión eficiente de los bienes de las administraciones públicas en función de su clasificación En esa explotación o uso del patrimonio público pueden intervenir los operadores privados. Ello obliga a que se defina el título habilitante por el que el sector privado o público pueda acceder a ese uso o explotación.Como objetivo específico para concluir el curso señalar que se determinarálos instrumentos jurídico-técnicos de los que disponen las administraciones públicas para hacer efectiva la adecuada e imprescindible protección de sus bienes: Inventario, registro y potestades administrativas para la defensa de sus bienes y derechos.